César Rey, director de la Fundación Ricky Martin (izquierda), junto al embajador de EE.UU. Luis de Baca, experto en temas de trata humana, y el cantante Ricky Martin, quien indicó que los casos de trata humana son “una responsabilidad compartida”.
Estudio revela falta de política coordinada sobre trata humano.
César Rey, director de la Fundación Ricky Martin (izquierda), junto al embajador de EE.UU. Luis de Baca, experto en temas de trata humana, y el cantante Ricky Martin, quien indicó que los casos de trata humana son “una responsabilidad compartida”.
Por Rebecca Banuchi /peludencia.blogspot.com
Aunque en la Isla se reportan casos característicos de trata humana, el Gobierno los maneja con frecuencia como incidentes aislados, y ni siquiera existe en las agencias un protocolo común para atender el problema.
Niños explotados sexualmente por sus propios padres o abusados en hogares sustitutos, menores forzados a incursionar en el violento mundo del narcotráfico o la pornografía infantil, o los llamados matrimonios “comprados”, son sólo algunas de las múltiples formas que puede cobrar la trata humana.
Luego de tres años de trabajo, la Fundación Ricky Martin divulgó ayer los hallazgos del estudio “La trata de personas en Puerto Rico: un reto a la invisibilidad”, que resalta la falta de información existente sobre el tema en la Isla, así como la ausencia de un manejo organizado y coordinado entre el gobierno estatal, las autoridades federales y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a atender este problema social.
“Con la culminación de este estudio, comienza nuestra lucha. Todos tenemos una responsabilidad compartida: el gobierno, la empresa privada, las organizaciones sin fines de lucro, los ciudadanos... Necesitamos educar al mundo, necesitamos crear guerreros, guerreros de luz, por eso estamos aquí”, expresó el cantante Ricky Martin durante su mensaje previo a la presentación del estudio en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
César Rey, director de la Fundación y principal investigador, resaltó que uno de los mayores problemas, al presente, es la ausencia de datos específicos que arrojen luz sobre la magnitud del tráfico o trata humana en el País.
“El reto más grande que tiene la política pública en este país es la falta de información. Aquí hay una ignorancia dramática sobre información. Éste es un país que se está gobernando probablemente sobre unas bases endebles informativas”, sostuvo Rey.
El ex secretario de Educación expresó que el problema ha sido manejado con laxitud por parte del Gobierno y que, como parte de la investigación, fueron analizadas cerca de una veintena de leyes sobre prácticas que podrían incidir en trata humana, e identificaron un “desfase dramático” entre sus disposiciones.
Además, las agencias gubernamentales no utilizan unos conceptos en común para referirse a estos delitos, lo que propicia que, en ocasiones, sean manejados de manera fragmentada e incongruente.
A eso se suma el que aparentemente no existe una coordinación efectiva con el trabajo que realizan agencias federales como el Negociado de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), entidad que maneja los casos de trata humana cuando presentan elementos migratorios.
De igual forma, según Rey, muchos funcionarios locales no tienen una idea clara acerca de los límites de la jurisdicción local y dónde comienza la intervención de las agencias del gobierno estadounidense.
“Nosotros tenemos testimonios de que había casos que no se trabajaban de la manera adecuada”, indicó el sociólogo en referencia a varios incidentes en los que presuntamente el manejo inapropiado de la Policía en la escena de un crimen de trata humana provocó que el caso no prosperara en la esfera federal.
Estos señalamientos no son novedad para la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, quien, sin embargo, destacó que ya el Gobierno ha comenzado a atenderlos.
“Es una radiografía dolorosa, pero es nuestra realidad, y tenemos que atenderla con premura y responsabilidad”, dijo la funcionaria, quien asistió a la actividad en representación del gobernador Luis Fortuño.
Entre las medidas que ha tomado la presente administración, mencionó la reforma del sistema de hogares sustitutos para aumentar la supervisión y prevenir prácticas ilícitas, así como la discusión de posibles enmiendas a la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, con el fin de precisar sus definiciones de manera que el Gobierno pueda emplear la misma nomenclatura y comenzar a estructurar un protocolo uniforme.
“Si no tenemos el diagnóstico correcto, difícilmente vamos a tener la medicina adecuada... El problema que no puede ser solucionado es aquel que no ha sido reconocido”, aseveró Irizarry.
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