SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El eterno senador balaguerista por la provincia La Altagracia dilapidó y malversó cientos de millones de pesos del pueblo dominicano que tuvo bajo su administración en la Liga Municipal Dominicana (LMD) entre los años 1998 y 2010, gracias al apoyo de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), De la Liberación Dominicana PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD).
La información fue revelada la noche de este lunes, 28 de marzo, por el programa El Informe con Alicia Ortega, que se transmite todos los lunes a las 9 de la noche por Antena Latina, canal 7. Los datos provienen de una auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
En el 2006, coincidencialmente el mismo año en que la hija de Amable Aristy estaba encampaña para la alcadía de Higüey, la Liga Municipal Dominicana gastó en supuestos “operativos médicos” y en “donaciones” 84 millones 187mil 688 pesos con 78 centavos.
Aparte de que esa labor de “altruismo” no se corresponde con la labor de la Liga, la auditoría de la Cámara de Cuentas afirma que los supuestos beneficiarios no existen.
“Los nombres y cédulas no aparecen en el padrón de la Junta Central Electoral. Al ser cambiados en el Banco de Reservas, algunos cheques tenían un segundo endosante cuya cédula tampoco existe”, explicó Alicia Ortega.
Señala que el banco también pagó por caja tres cheques sin haber sido endosados por alguien, lo que quebranta el numeral 10 del manual de control interno de la Contraloría en el área de banco, que establece que: “Al presentar un cheque a la firma, al mismo deberá anexarse toda la documentación justificativa del pago y la persona que los firman deben asegurarse de que la misma es correcta y completa”.
El Informe con Alicia Ortega detalló que la auditoria de la Cámara de Cuentas revela que sólo en el 2006 se gastaron poco más de 116 millones de pesos (RD$116, 282, 888.78) en pagos para beneficios personales del entonces Secretario General, Amable Aristy Castro, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano.
La institución pagó un monto en exceso de casi 5 millones (RD$4,948,500) a favor de miembros del Comité Ejecutivo, para cubrir gastos relacionados con la “asistencia” a sus reuniones, suma que fue pagada independientemente de si asistieron o no a las sesiones de trabajo.
Asimismo, e 2002, el Comité Ejecutivo de la Liga, aprobó pagar 10 mil pesos mensuales, a los miembros del comité ejecutivo, independientemente de que se celebrasen o no las sesiones. De esta manera los privilegiados por Amable Aristy Castro recibían un pago extra por una labor que ya estaba pagada mediante los salarios fijos mensuales.
En 2003 la Asamblea de Municipios, integrada por las representaciones de todas las alcaldías (entonces llamadas ayuntamientos) aprueba el reglamento sobre organización y funcionamiento de la Liga, (art. 26) que dice: “Los miembros del Comité Ejecutivo recibirán por cada sesión a la que asistan, una dieta….”
Se venía a dar “legalidad” al privilegio decidido por Amable Aristy en 2002, pero según el libro de actas de la entidad.
Curiosamente en 2006 sólo se celebraron dos reuniones, por lo cual se debió pagar 640 mil pesos a los miembros del comité, en caso de que asistieran los 32. Sin embargo se desembolsaron más de 5.5 millones (RD$5, 588,5 00), lo que arroja una diferencia de más de 4.9 millones (RD$4,948,500), sin ninguna explicación ni sustento, como estableció la auditoría de la Cámara de Cuentas presentada por Alicia Ortega.
“En la nómina de la institución, tanto en la de empleados fijos como nominales, se incluyen departamentos sin asiento físico, y en dichos departamentos la mayoría de los nombres de los empleados aparece con cédula de identidad número 000-0000000-0.
El monto pagado por ese concepto ascendió a más de 30 millones (RD$30,808,825), 9.4 a empleados fijos (RD$ 9,414,300) y 21.3 (RD$ 21,394,52) a empleados nominales.
Vale decir que estos cheques eran endosados y canjeados por personas diferentes a los beneficiarios”, precisó Alicia Ortega, conductora del programa de investigación periodística El Informe.
Resaltó que ese hecho viola la Ley 120-01 sobre el Código de Ética del servidor Público (artículo 8, literal O) que expresa: “A todos los funcionarios o empleados públicos sujetos al presente código de ética, independientemente del nivel jerárquico que ostenten les está prohibido utilizar en su provecho, o en provecho de terceros, los bienes, equipos, valores y materiales del Estado, sobre todo aquellos que están bajo su responsabilidad”.
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